Jueves 10 de Septiembre de 2015
La Tribuna
Mediante el proceso archivístico estatal, quedan bajo resguardo de la ciudadanía los actos públicos de los actores políticos gubernamentales. Este ejercicio cívico debiese permitir a acceder de manera expedita y transparente a las evidencias públicas de quienes les ha sido delegado el poder soberano de gobernar. Bajo este último punto, surge una reflexión académica en relación a las posibilidades de acceso desde un régimen democrático a los archivos vinculados con el último proceso dictatorial que se vivió en Chile entre 1973 y 1990.
La historia del tiempo presente nos evidencia que el tan comentando “pactismo secreto” entre victimarios civiles y militares de la dictadura, se extendió más allá de los 17 años que gobernaron fácticamente Chile. Los gobiernos democráticos continuaron pactando con el pasado de manera legal y –por ende– pública, en lo que se entendió mediáticamente como política de los consensos. Las implicancias intelectuales de algunos de esos consensos impactan hoy en día en el desarrollo epistemológico de las denominadas ciencias sociales, como es el caso de la disciplina histórica.
Dos ejemplos. En las postrimerías de la dictadura (1989), se promulgó la Ley 18.771 que –mediante un artículo único– determinó que la información pública proveniente de los organismos de la Defensa Nacional puede ser destruida sin previa consulta jerárquica al poder Ejecutivo. Asimismo, en 2004 se promulgó la Ley 19.992 que, en su artículo 15°, estableció un silencio de 50 años para la información que las víctimas entregaron a la denominada Comisión Valech. Es decir, en este último caso, los investigadores tendremos que esperar la celebración de las “bodas de oro” de la promulgación de la mencionada ley (año 2054) para tener acceso a las fuentes primarias de información.
El historiador, como sujeto y testigo de la historia, no puede dejar de reflexionar en perspectiva crítica, especialmente cuando sus objetos de estudio tienen implicancias políticas y sociales con el presente y futuro de una nación. Las autoridades que gobiernan el Estado tienen el deber ético de buscar las formas para que sus conciudadanos accedan expeditamente a la documentación pública que le permita analizar la génesis, operatividad e institucionalidad del régimen dictatorial de Pinochet.
Es esperable que, a 42 años del violento golpe de Estado que interrumpió el sistema político en 1973, motive a nuestras autoridades de gobierno a apropiarse de forma simbólica y práctica de una de las frases que ha levantado con fuerza la sociedad civil en el último tiempo: “No más archivos secretos” (Londres 38, Espacio de Memorias).
Jorge Olguín Olate
Docente Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Central
Fuentes: