Seguridad ciudadana: otro “incomprendido” fracaso del Estado

Hace solo algunos días, y luego de la publicación de los resultados de la encuesta Adimark, el ministro del Interior, Jorge Burgos, argumentaba el fracaso del Estado para explicar la desaprobación histórica del Gobierno en materia de delincuencia.

Si bien las palabras del secretario de Estado resultan ser la única explicación política -tendiente a revelar no solo una histórica desaprobación en dicha materia, sino que también el eco de una caída libre que llevó al gobierno de la Presidenta Bachelet, en no más de un año y medio, a pasar de un 60% a un 92% de reproche ciudadano-, estas merecen, al menos, un par de consideraciones.

En primer lugar manifiestan la incomprensión de un problema que resulta ser mucho más profundo: se admite el fracaso, pero no se comprende el motivo del mismo. Por otra parte, muestran el nervio más mediático de un gobierno rendido ante una opinión pública decidida a influir en la construcción de políticas.

En efecto, aludiendo a la primera consideración, al atribuir dicho fracaso -también- a "las policías, fiscales y jueces", resulta evidente cómo la visión de jefe de gabinete sigue la misma limitación de los enfoques convencionales, centrados en el control y la represión, careciendo de una mirada que refleje un enfoque más integral.

Por consecuencia, hoy se pueden hacer extensivas al ministro Burgos -al actual gobierno y al Estado- las mismas críticas que, desde hace más de 25 años, apuntan a la perspectiva basada en el modelo "policía-justicia-prisión", eje central de las políticas de control y represión de la criminalidad y la violencia delictual.

Lo que aquí afirmo no resulta ser nuevo, ya en 2000 un artículo publicado en la Revista de la Cepal (de Irma Arriagada y Lorena Godoy) daba cuenta de esta importante distinción.

Quisiera evitar, por cierto, que se me malentienda. Es evidente que el trabajo en los críticos "nudos del sistema" (como han acuñado diversos funcionarios de Gobierno) resulta indispensable. Sin embargo, concentrarse en la coordinación policial o en la modernización de los sistemas de justicia, por ejemplo, representa justamente aquella medida cortoplacista que pretende orientar el enfoque de las políticas públicas no ya a las medidas preventivas -sí más lentas, pero más eficientes en términos de costos y más eficaces en sostenibilidad a largo plazo-, sino más bien a aquellas soluciones políticas rentables en términos de inmediatez, en términos sedativos principalmente para con la opinión pública.

En efecto, y ahora abordando la segunda consideración, resultaría oportuno realizar una rígida distinción entre la real situación de la delincuencia en Chile y la percepción que se tiene de esta.

Tampoco aquí quisiera que se me malentienda. Mi duda no gira en torno a la veracidad con respecto al aumento de la delincuencia, o bien a la mayor violencia en los delitos que afectan a la ciudadanía. Muy por el contrario, asumiendo la dura y cruda realidad de dicho aumento, me pregunto si la atención que manifiesta la prensa con respecto a este tipo de delitos resulta ser proporcional al aumento de los delitos en sí.

A mi parecer no es así, y de desembarcar esta temática en una más amplia agenda legislativa, el caso sería digno de los estudios de Anthony Downs y de su "ciclo de atención de los problemas sociales", claro de ejemplo de cuando los medios influyen en la formulación de políticas públicas.

En espera de aquello, nos quedaremos por ahora analizando las palabras del ministro Burgos, quien afirma el fracaso del Estado frente a las cifras de una encuesta de percepción; cifras de una empresa que, por medio de encuestas, también participa en la generación de opinión pública.

Nicolás Freire Castello
Académico Escuela de Ciencia Política
Universidad Central de Chile

Fuente: http://www.laestrellachiloe.cl/