Columna de opinión del titulado de la Carrera de Ciencia Política de la U. Central, Javier Hernández
En una columna de opinión publicada hace un par de semanas en El Ciudadano, afirmaba que la realización de una asamblea constituyente y la redacción de una nueva constitución no podían ser las únicas medidas para revertir la actual crisis de desconfianza. Indicaba que había que mirar más allá porque este problema no solo es constitucional, sino también un problema de tipo subjetivo relacionado con nuestra cultura política, principalmente, con cuán dañado ha estado por años nuestro sentido de pertenencia social conforme han aumentado la desigualdad socioeconómica y el individualismo.
Consideraba, en efecto, que la asamblea constituyente y la nueva constitución debían representar el hito de inicio del tan necesario proceso de recuperación de la confianza, más no su punto de culminación; y que finalmente la restauración de la educación cívica podía aportar a recomponer nuestra alicaída identidad colectiva. Esto en la medida en que se esforzara por ser capaz de forjar nuevas generaciones de ciudadanos que tomen conciencia de lo colectivo, valoren la acción colectiva y se comprometan moralmente con el principio fundamental de la actividad política democrática: la búsqueda del bienestar común.
En la misma línea de lo que planteé, el recientemente publicado Informe de Desarrollo Humano 2015 ha mostrado que las disposiciones subjetivas de chilenos y chilenas, por ejemplo, la falta de referencias al colectivo, la percepción de distancia entre el quehacer político y la cotidianidad, y también una imagen apolítica de la política (expresada en una aversión al conflicto), son los males que, precisamente, erosionan las prometedoras oportunidades que se siguen del actual contexto en que las personas demandan y esperan cambios profundos en gran parte de los ámbitos de la vida social.
En su último capítulo, el informe advierte la necesidad de potenciar la subjetivación política, tarea que, entre muchas otras cosas dicen sus autores, significará acortar la distancia entre la política y la vida cotidiana, fortalecer el vínculo entre lo individual y lo social para conducir a la “desprivatización de la experiencia”, y también dotar de nuevas bases el vínculo ciudadanía-actores sociales a fin de relegitimar la representación política. Objetivos que, a mi juicio, requieren de un proyecto educativo profundo que involucre familiarizarse con la teoría y práctica de la política desde la infancia.
El anuncio de la presidenta Bachelet de que se restaurará la educación cívica representa entonces un paso importante en el largo camino que queda para salir de la actual crisis. Sin embargo, la implementación de dicha medida requerirá ser discutida en profundidad, ya que amerita preguntarse al menos tres cosas que considero importantes: primero, cuáles son las potencialidades y debilidades de la educación cívica; segundo, qué tipo de educación cívica se querrá impartir y; tercero, quiénes podrán optar a enseñarla.
En una carta al director del diario El Mercurio publicada el pasado 27 de abril, el fundador de Educación 2020, Mario Waissbluth, advertía que la educación cívica de ninguna manera será la “pomada universal” que curará nuestra corrosión moral y eso es algo evidente. Cuando nos enfrentamos a un problema tan subjetivo como el de recuperar la confianza interpersonal y la confianza en el quehacer político, hay que considerar que las soluciones, como en toda sociedad compleja, no son únicas sino múltiples y las hay de corto o largo aliento.
En ese sentido, la educación cívica puede aportar lo suyo, pero requerirá también de más acciones concretas tendientes a fomentar y fortalecer el trabajo colectivo. Además, tendrá que hacer frente a una serie de problemas que derivan de un sistema educativo que, a todas luces, privilegia la enseñanza de saberes útiles para hacer empresa por sobre aquellos que se relacionan con la historia, la filosofía, el arte y las humanidades. Basta considerar la cantidad de horas que se le asigna a estas últimas materias para comprobar lo que digo.
Habrá que poner atención también en el tipo de educación cívica que se quiere impartir. Si el plan es enseñar solamente la constitución y las leyes, los partidos políticos y la práctica de cómo votar, entonces la tarea estará hecha a medias. Será simplemente un “cursillo” de educación cívica tal como Mario Waissbluth dijera en su carta al director. Al respecto, estimo necesario enseñar los principios teóricos y filosóficos detrás de la actividad política para que, de este modo, a los estudiantes también se les pueda motivar a problematizar la política y la vida en común, y no se les fuerce simplemente a memorizar sus contenidos y definiciones. Pero para que lo anterior rinda frutos, la enseñanza teórica y práctica de la política deberá estar mediada por los mejores y más modernos métodos de enseñanza.
Lo fundamental, en efecto, es que la política no solo se visualice en los libros y en los medios, sino que también se experimente de manera dinámica. Finalmente, será importante discutir respecto de quienes podrán formar parte de esta titánica labor. ¿Serán únicamente los profesores licenciados en historia? ¿Podrán enseñar la educación cívica también los profesionales de las ciencias sociales y las humanidades?
Por Javier Hernández Domínguez
Cientista Político (U. Central)
Magíster © en Pensamiento Contemporáneo: Filosofía y Pensamiento Político (U. Diego Portales)
Fuente: www.elciudadano.cl